Amnistía Internacional (AI) expresó este viernes su preocupación por la situación de violencia en Ecuador, sobre todo tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y pidió a las autoridades proteger los derechos humanos de cara a las elecciones del próximo domingo 20 de agosto.
La organización no gubernamental, cuya sede global se encuentra en Londres, emitió un mensaje de su directora para las Américas, la mexicana Erika Guevara, en el que dijo que «las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia pre-electoral».
«Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio, aparentemente por motivos políticos», aseguró Guevara.
Agregó que «las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes».
Asimismo, remarcó que el estado de excepción aplicado por el Gobierno del conservador Guillermo Lasso en respuesta al crimen de Villavicencio «no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población» en Ecuador.
«En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada», recordó AI.
Comentó que en mayo pasado el presidente Lasso emitió un decreto que permitía el despliegue de las fuerzas militares en todo el territorio nacional «para reprimir la amenaza terrorista» en el país, «sin poner ningún límite temporal a esta orden».
Dicho decreto, según AI, contravino «las normas internacionales sobre el despliegue de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente».
El estado de excepción declarado en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, suspende una serie de derechos y permite a las fuerzas del orden «entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes», así como «acceder a correspondencia», agregó.
La organización humanitaria recordó a las autoridades ecuatorianas que «ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
«El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país», apuntó.
En este año la Policía Nacional de Ecuador ha abatido a medio centenar de presuntos delincuentes tras modificar el reglamento de uso legítimo de la fuerza, que permite a los agentes abrir fuego contra autores de delitos en flagrancia donde los policías, bajo su propio criterio, conciban algún tipo de amenaza para ellos o para otras personas.
Según la ONG, «las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia».
Ello evitaría «posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional», concluyó AI en su mensaje difundido por todas sus oficinas.