Conrado Pérez Briceño, durante una entrevista con el periodista Kico Bautista en su espacio televisivo Kicosis, transmitido por Globovisión, precisó en primer lugar que la actual Ley Orgánica de Contraloría y Sistema de Control Fiscal, promulgada el 23 de diciembre de 2010, “fue aprobada (en su momento) por unanimidad, artículo por artículo”, por lo que el tema de las inhabilitaciones, es totalmente constitucional.

En este sentido, detalló que actualmente existen más inhabilitaciones de las que el país conoce en el marco de las elecciones primarias de la oposición.

«Hay 1.963 inhabilitados, hasta el corte del Registro Electoral del 30 de agosto de 2023. Algunos por delitos de diferentes naturaleza, pero tienen la clave en el CNE que no pueden inscribirse por ninguno de los efectos y eso sí está claro desde el punto de vista legal y desarrollado en principios constitucionales. El que está inhabilitado no se inscribe para participar en las elecciones de cualquier naturaleza y rango”, sentenció.

Señaló que en el contexto actual “no se habla del fondo de la inhabilitación. No se conoce, o se pretende hacer una condición de mártir y no se va al fondo de los elementos. Las personas que están inhabilitadas están notificadas, saben los efectos de lo que sobre ellos recayó”.

En este sentido, advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no es chantajeable, no es negociable, ni va aceptar nada contrario a los principios constitucionales, legales y normativas que tenemos”.

Recalcó que quien este «inhabilitado no se va a inscribir, eso si está absolutamente claro. No es por las circunstancias que nos preceden en este caso, ha sido históricamente. Una normativa tiene la condición de universalidad”, dijo.

Al ser abordado sobre la forma actual de hacer política de algunos sectores que utilizan la figura constitucional y legal de la inhabilitación, indicó conocer «elementos de antecedentes de algunas personas es por delitos contra la cosa pública y algunos efectos colaterales que han servido para causarle un daño a la República”.

Recordó que en 2021, la Asamblea Nacional (AN) designó una Comisión de parlamentarios para estudiar el daño patrimonial a la República desde el 2015 al 2021. «Ese expediente tiene 12 mil 552 folios, la Cámara lo aprobó por unanimidad, lo remitió a la fiscalía y a la Contraloría General de la República».

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