Experto de Misión ONU: Tenemos nombres de torturadores del Sebin y la Dgcim

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Francisco Cox, uno de los tres expertos que encabeza la Misión de Verificación de Hechos comisionada por la ONU que determinó que en Venezuela Nicolás Maduro y otras autoridades son responsables de posibles crímenes de lesa humanidad, afirma que las prácticas violatorias de derechos humanos han penetrado a fondo en los cuerpos de seguridad nacionales

El 2 de diciembre de 2019, comenzó a trabajar la Misión Independiente de Verificación de Hechos por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de evaluar si desde 2014 y hasta esa fecha, existen en Venezuela violaciones de derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Así lo explica Francisco Cox Vial, uno de los tres integrantes de la instancia, en conversación con TalCual.

La conclusión ha sido clara: «Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», dijo la Misión, señalando directamente a Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.

Cox es abogado penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México que encabezaba Enrique Peña Nieto para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Además, el chileno litigó ante la Corte Penal Internacional el caso contra Dominic Ongwen representando a 2605 víctimas del conflicto armado en el norte de Uganda.

 

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Esa amplia experiencia en materia penal internacional le hace aclarar que no hace comparaciones entre regímenes violadores de derechos humanos. No obstante, sí destaca que en el caso venezolano encontraron, particularmente en el Sebin y la Dgcim, que «había una utilización de la humillación sexual». En el caso de hombres encarcelados, se usaron insultos homofóbicos, amenazas de violaciones y «violaciones que se concretaron como un intento de humillación y de maltrato en los centros de tortura». A las mujeres también, con tocamientos sexuales y amenazas de violación «no solo a ellas sino a sus familiares y personas cercanas».

Cox destaca que la tortura en Venezuela registrada por la Misión tiene técnicas muy propias, como la utilización de electricidad y «otros métodos que tienen nombres particulares que yo no había escuchado antes, como la crucifixión o el pulpito -esposar pies y manos juntos-. Lamentablemente el ser humano se pone muy creativo a la hora de infligir dolor a otro ser humano».

Lo que dice, respaldado por un amplio y detallado informe de 443 páginas, es resultado de la evaluación de diversos testimonios. «El estándar que usamos es el de motivos razonables para creer que algo ocurrió, que se da cuando hay consistencia entre varios relatos, coherencia en la descripcion de lugares, los nombres que empiezan a adquirir (las prácticas) -que es típico de centros de detención con torturas donde las personas conversan entre ellos-. También relatos de quienes escuchaban cómo torturaban a otras personas. Esto no es solo el relato de una persona, sino de muchas personas que van teniendo consistencia y coherencia y sirven para ratifcar que tenemos motivos razonables para creer que todo lo que está dicho ahí tiene sustento».

Los testimonios fueron levantados, explica, a partir de víctimas, familiares y funcionarios activos o no que aportaron información, además de organizaciones no gubernamentales y equipos de defensa jurídica. «Pusimos un llamado abierto y hubo gente que directamente se comunicó con el equipo basado en Panamá. También tuvimos intermediarios».

Cuando habla de los testimonios de oficiales uniformados, confirma que se trata de funcionarios de rangos medios y bajos, «pero preferiría no dar mucho detalle para no poner en riesgo a nadie».

-¿Cómo se lograron las entrevistas con funcionarios aún activos de las fuerzas policiales?

-Se contactaron con el equipo usando los datos que habíamos hecho públicos. Algunos también usaron intermediarios. Muchos de los funcionarios que hablaron tienen mucho temor de posibles represalias. Por eso no se dan señales que los puedan identificar. De más está decir que atentar contra alguien que aportó información sería contrario a tratados internacionales ratificados por Venezuela.

-¿Los delitos de lesa humanidad están institucionalizados en Venezuela?

-Para que estemos frente a la categoría de un delito de lesa humanidad se requiere de un elemento contextual. Tiene que haber una política y los delitos tienen que favorecer o implementar esa política de Estado o de un grupo organizado que tiene control territorial. Nosotros determinamos que existen dos políticas de Estado con motivos razonables para creer que existen. Una es la represión, silenciamiento y aplastamiento de la oposición; y la otra es una política, en el contexto de lucha contra la delincuencia, de aceptar ejecuciones extrajudiciales.

-El informe retrata entre los ejecutores de estas violaciones al Cicpc, las FAES, el Sebin, la Dgcim. ¿Hay algún estamento de las fuerzas de seguridad que no haya adoptado prácticas violatorias de derechos humanos?

-De lo que vimos, casi todas las organizaciones ejecutan la política. Lo que sí notamos y lo decimos es que, si bien hay un debilitamiento en la independencia del Poder Judicial, hay jueces y juezas que a veces se salen de esa línea, y hay fiscales que también intentan investigar, por ejemplo a las FAES, pero que son amenazados. Hay jueces que incluso han dado órdenes de libertad pero que el Sebin no respeta. Por lo tanto, sí se ve que esta política ha penetrado bastante en las instituciones de seguridad del Estado venezolano.

-¿Qué rol ha cumplido Tarek William Saab al frente de la Fiscalía General?

-Respecto de la Fiscalía, nosotros decimos que se requiere mayor información, que sí hay una afectación a la independencia, que vemos que a veces se burla el sistema de designación de causa y que se van repitiendo algunos fiscales que toman estas causas. A diferencia de lo que decimos, por ejemplo, del presidente Maduro, del ministro del Interior, de Defensa, o del propio Diosdado Cabello, respecto de la Fiscalía nosotros necesitamos más información. No podemos decir que tiene una contribución directa a la comisión de los delitos. Sí decimos que hay ocasiones en las cuales se investiga sin tener pruebas, que se usan pruebas que han sido plantadas, falsificadas o fabricadas. Pero en esta etapa no podemos responsabilizar y decir que el Fiscal General tiene una participación directa en esto.

-Ahora, sí hay una determinación de que el Ministerio Público, por ejemplo, no actúa. En marzo de 2019, Tarek William Saab decía que en Venezuela «quien torture va preso». Este informe cita cientos de casos que desmienten eso.

-Efectivamente, eso lo decimos en el informe, en cuanto no hay una investigación acuciosa de las torturas, y es una de las recomendaciones que se hace. No hay aplicación del Protocolo de Estambul, no se respeta el Protocolo de Minnesota para ejecuciones extrajudiciales. Hay una serie de guías que son buenas prácticas más o menos aceptadas a nivel universal para investigar torturas y ejecuciones extrajudiciales que no se están implementando en Venezuela. Y efectivamente, como decimos, hay muy pocos casos de torturas que son investigados, y eso obviamente es un abandono de los deberes de la institución.

-¿Lograron determinar nombres específicos, más allá de la cúpula mencionada en el papel, de funcionarios involucrados en estos crímenes?

-Definitivamente del Sebin y el Dgcim sí tenemos nombres. Tenemos más de 20 en Sebin, y más de 25 en Dgcim. Respecto de FAES es más difícil. No tenemos nombres en la OLP y en las FAES. Como se usa mucho el cubrirse la cara, no estar con identificación, es más difícil que las personas hayan dado nombre e identificación, y en eso no tenemos más detalles de los autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales en los operativos de lucha contra el crimen.

-¿Se ha determinado si jueces y fiscales en específico están más involucrados en este tema? Por ejemplo, jueces a los que siempre les caigan las causas, o siempre participen de algunos juicios.

-Hay efectivamente nombres que se repiten de manera llamativa, toda vez que en teoría estos casos debieran ser sorteados, debiese ser una asignación aleatoria y no predeterminada. Entonces, efectivamente hay nombres. Nosotros no los pusimos en el informe, pero hay nombres que se repiten.

El silencio de Miraflores ante la Misión
Francisco Cox integra el panel de cinco expertos mundiales que asesora al Comité Ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional para elegir al próximo Fiscal de la Corte Penal Internacional, y detalla a TalCual que el equipo de apoyo técnico para la Misión de Verificación sobre Venezuela fue contactado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.

Allí se incluyó un especialista en temas de género para que el informe tuviese un enfoque de una sensibilidad a esos temas, y «también había una sensibilidad por la comunidad Lgbti». En total, se contó con más 13 personas dedicadas a este trabajo, incluyendo asesores legales e investigadores con experiencia en otros países, además de los tres expertos que encabezaron la instancia: Cox, Marta Valiñas y Paul Seils.

Ninguna de estas personas logró que el régimen de Nicolás Maduro aportara algún dato. «Enviamos más de seis comunicaciones al gobierno de Venezuela, la primera estando en Ginebra, solicitando una reunión formal con la representación de Venezuela ante Naciones Unidas, porque nos interesaba trabajar con ellos, coordinar, hablar con ellos para que pudieran facilitar información. También se hicieron solicitudes expresas y precisas sobre casos concretos que no fueron respondidas por el gobierno. Ninguna de nuestras comunicaciones fueron respondidas, todas fueron ignoradas. Los expedientes entonces fueron obtenidos a través de abogados de distintos representantes de víctimas, y de organizaciones no gubernamentales».

Vie, 18 Sep | 2020

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