Gobierno amplía intervención en las universidades con regreso a clases como excusa

Redacción por 
ODHULA
 el 
Lun, 25 Oct | 2021
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Este lunes 25 de octubre se reinician las clases presenciales en Venezuela tras más de un año y medio de cuarentena nacional por la COVID-19. La decisión fue tomada por el régimen de facto que encabeza Nicolás Maduro, ignorando el estado de ruina y desmantelamiento en el que se encuentran las instituciones educativas públicas del país, incluidas las universidades, cuya mengua se debe principalmente a la asfixia presupuestaria a la que están sometidas desde 2008.

Con el regreso a clases como excusa, el régimen ha ampliado su ilegítima intervención en las universidades autónomas, llegando incluso a designar a Jacqueline Faría, presidenta de la Misión Venezuela Bella, como . Dicho cargo, que no existe en la legislación nacional, ha sido la figura bajo la cual quienes usurpan el Poder Ejecutivo desvían los recursos que por ley corresponde gestionar a las autoridades elegidas legítimamente para ocupar cargos públicos, desde gobernadores y alcaldes hasta Rectores universitarios.

La intervención de esta casa de estudios se inició con la creación, el pasado 2 de julio, de una , ordenada por la vicepresidenta del régimen de facto, Delcy Rodríguez. Ya en abril de este año el régimen, a través del gobernador del estado Sucre, anunció la designación de un “protector” para la Universidad de Oriente (UDO), la más afectada por la delincuencia y el vandalismo durante la cuarentena por COVID-19.

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Reiteradas designaciones arbitrarias

El pasado 16 de septiembre el régimen ejecutó otra acción similar para ampliar su intervención en las universidades autónomas. Desconociendo la legítima opinión del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar (USB) sobre quién podría ser elegido Rector interino de esta institución tras el fallecimiento del Dr. Enrique Planchart, que ocupaba ese cargo, el , cuya mayoría de miembros pertenece a universidades del sistema paralelo creado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, designó en ese puesto a alguien que no estaba en la lista de 20 nombres propuestos por las autoridades de la USB. También nombró a dedo a los vicerrectores académico y administrativo que ocuparán esos cargos de forma interina.

Pero no es la primera vez que el régimen designa arbitrariamente autoridades universitarias que responden a sus intereses políticos. En 2019 el CNU, de mayoría oficialista, designó un  distinto al elegido por el Consejo Universitario de esa institución el 2 de julio de 2018, tras la renuncia de quien ocupaba ese cargo. Esta situación se ha repetido en otras universidades autónomas durante el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. En 2017 el CNU nombró a Luis Holder como Vicerrector Académico de la USB, desconociendo la decisión que había tomado el Consejo Universitario de esta casa de estudios.

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Asfixiar para luego intervenir

A través del Plan Universidad Bella, creado en 2019 dentro de la Misión Venezuela Bella, el régimen ha ejecutado obras de mantenimiento y ornato que son competencia de cada universidad y que las mismas no han podido cumplir por falta del presupuesto que el Estado está en la obligación de garantizarles. Dichas obras han sido, además, superficiales e  que tienen las instituciones de educación superior tras más de una década de asfixia presupuestaria.

La mencionada Comisión para la recuperación de la UCV es otro ejemplo de las formas de intervención que el régimen ejecuta contra las universidades luego de asfixiarlas al punto casi de su extinción. El estado de ruina y deterioro en el que se encuentran todas las casas de estudio públicas de Venezuela es consecuencia de la desinversión del régimen, cuyos actores buscan luego figurar como rescatistas de lo que ellos mismos han destruido.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) rechaza las acciones violatorias de la autonomía universitaria que el régimen de facto amplía a propósito de su irresponsable decisión de reiniciar las clases presenciales, sin que existan las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación, al trabajo y a la salud de las comunidades universitarias, como este observatorio ya ha denunciado.

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